El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por unanimidad el Proyecto de Ley por el que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Cuando la norma entre en vigor, las instituciones deberán garantizar intérpretes y toda la información necesaria a estas personas cuando, por ejemplo, acudan al ayuntamiento a realizar una gestión, a la estación de tren para comprar un billete o en la consulta del médico.
Por este motivo, decenas de personas sordas acudieron a celebrar la aprobación de la Ley a las puertas del Congreso con su propia lengua: brazos en alto, mostrando las palmas y agitando las manos en señal de alegría. Algunos de ellos todavía reivindicaban la implicación de los poderes públicos con su lengua al grito de "que signe Caldera", en referencia al titular de Trabajo y Asuntos Sociales.
El presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) mostró su satisfación por el reconocimiento de esta "reivindicación histórica". Según dijo, "hoy es un gran día" para los cerca de 2 millones de sordos españoles y la Ley "va a ser un instrumento muy potente para que todo tipo de barreras desaparezcan".
Posteriormente, en su intervención ante el pleno, Caldera agradeció a los colectivos de sordos su aportación en el impulso de esta norma. "Trabajando por la condición social y la real integración de estas personas lo han hecho por la condición social de todos", destacó.
EL PROYECTO DE LEY.
Este proyecto de Ley establece las garantías legales para el acceso a la comunicación en diversos ámbitos (educación, sanidad, Administración, cultura, medios de comunicación entre otros) y equipara la lengua de signos española y la catalana.
En términos generales, la norma facilitará a las personas con discapacidad auditiva (cerca de 2 millones de españoles, 100.000 con sordera profunda) la utilización de intérpretes de lengua de signos y el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación, cuando lo precisen, en diferentes ámbitos públicos y privados.
Tras la negociación de los grupos la norma ha visto reforzada las garantías que deberá ofrecer el Estado. De esta manera, las Administraciones deberán disponer de los recursos necesarios para facilitar el aprendizaje, en los centros en los que se determinen.
Los mismo ocurre en otras áreas como la sanidad, la cultura, el ocio, la administración judicial y penitenciaria, o los medios de comunicación social. En este punto, todos los mensajes institucionales deberán ser "plenamente accesibles" a las personas sordas.
Igualmente, los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales deberán facilitar que las informaciones institucionales y los programas de emisión gratuita y obligatoria sean accesibles a este colectivo.
PERSONAS SORDOCIEGAS.
Otro de los puntos acordados es el reconocimiento "situación de especial dificultad" que padece el colectivo de personas sordociegas, estimado en un millar de españoles. Estas personas sufren un deterioro combinado de vista y oído que dificulta su acceso a la información, la comunicación y la movilidad afectándoles gravemente para llevar una vida "mínimamente autónoma".
En este sentido, la norma les reconocerá servicios especializados, métodos especiales de comunicación y personal debidamente formado. Además, insta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a realizar un estudio en el que se determine el número de personas con sordo ceguera, sus condiciones de vida y ubicación geográfica, con el fin de determinar la creación de centros de referencia y recursos "más acordes" con sus necesidades.
La norma también la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, con el objetivo de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua. Este órgano estará presidido por el Gobierno central y será de carácter paritario entre representantes de la Administración y del movimiento asociativo.
Por último, la Ley contempla la elaboración de un estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño, así como el apoyo, por parte de los poderes públicos, a la financiación para la adquisición de apoyos técnicos para personas sordas.
